Fiscalazo demokratico en puerta

Fiscalazo demokratico en puerta
por Alvaro Kröger



El gobierno finalmente, e imponiendo en forma recia su mayoría parlamentaria, aprobó el impuesto a los sueldos, jubilaciones y pensiones brutas, (que como otra expresión de mentira el gobierno llama impuesto a la renta de las personas físicas), con sólo sus votos, y sin habilitarle la discusión a la oposición y sin permitirle a los grupos interesados que la “sufrirán” realizar ningún aporte o sugerencia. Regirá, según dicen, a partir del 1º de julio de 2007, pero en el entre tiempo aprobaron un impuesto que grava la venta de los inmuebles rurales con un 5% que se adiciona al ya vigente de 4% para todas las trasmisiones patrimoniales; crearon por decreto, en forma inconstitucional, un fideicomiso para subsidiar el transporte de pasajeros a expensas de todos los sectores productivos industriales, agropecuarios, comerciales y de servicios; anuncian la reforma de la salud que financiará con otro impuestazo; se prohibió la importación de camiones nuevos, y una larga lista de etcéteras.

Este verdadero ajuste fiscal que se hará para posibilitar financiar el “carnaval demagógico- electoral” que ha instalado este gobierno populista, atravesó diversas etapas. Y, en cada una de ellas, sufrió modificaciones que sólo empeoraron el proyecto, incrementando la presión fiscal, haciendo más compleja su aplicación, aumentando los efectos perniciosos que sobre la inversión, el empleo y el ahorro tendrá esta impuestazo y, por si fuera poco, dándole a la D.G.I. y al B.P.S. facultades de contralor y liquidación que exceden los límites normales y se convierten en verdaderos atropellos a los derechos humanos, garantías individuales y atentan contra la intimidad de las personas.





Inicialmente, en el mes de noviembre de 2005, el Ministro Astori hizo conocer las “bases de la reforma” y se pusieron en consulta pública a través de la página de internet del Ministerio.

Llovieron las opiniones, críticas y sugerencias, tanto de especialistas en la materia, de reconocidas instituciones fiscales como de simples ciudadanos que, por su solo sentido común, veían como este nuevo impuesto iba a perjudicar a todos, pero especialmente a los que menos tienen y viven de una salario o de una pasividad.

Las criticas y cuestionamientos fueron de diversa índole, pero las más reiteradas consistieron en la gran presión fiscal que implicaba, la no existencia de núcleo familiar, la consideración de todo tipo de ingresos para el cálculo del impuesto, lo bajo y ridículo del mínimo no imponible, lo estrecho de las franjas, lo elevado de las tasas, el fuerte gravamen que implicaba para el ahorro y la inversión al gravarse los intereses de los depósitos y los alquileres, etc. Esas “bases” se transformaron luego en el “proyecto” presentado en Diputados. El proyecto no sólo no tomó en cuenta ninguna de las “sugerencias informáticas” que el M.E.F. recibió en su página, sino que empeoró a las “bases”, por cuanto la reducción de la tasa básica del I.V.A. originariamente prevista en 2 % (del 23% al 21%), quedó en 1% (del 23% al 22%), aunque se aceptó como “deducción” el gasto de salud por hijo menor o mayor incapaz de $ 100 por hijo (sí leyó bien, $ 100 y no $ 1.000 como se cansaron de decir los representantes del gobierno). En buen romance el gobierno “hizo negocio” porque con el 1% de I.V.A. que finalmente no redujo se ahorró U$S 20:000.0000, a cambio de aceptar la deducción indicada, cuantificada en U$S 8:000.000; ganó U$S 12:000.000 que engrosarán sus arcas demagógicas. Ya en Cámara el proyecto, lo diputados oficialistas empezaron a sentir la presión de la gente y la fuerza de la razón de los argumentos expuestos por la oposición.

Pero contrariando todo razonable proceso de discusión democrática, el debate no se libró en el Parlamento, sino en la Mesa Política del F.A. y en la bancada del partido del gobierno, negando a la oposición y la sociedad toda participación real en el proceso de aprobación. La discusión se mezcló en el tiempo con la controversia interna que les generó el TLC, y todo dentro de la bolsa, derivó en que nos quedamos sin TLC y además con una modificación del proyecto originario, que introdujo 23 nuevas modificaciones que, como se señala en el título, empeoraron nuevamente el primer texto recibido por el Parlamento.

Y lo peor es que ese nuevo texto modificado llegó “acordado” entre los oficialistas y ahí sí, sin ninguna posibilidad real de discusión de una modificación tan trascendente para el país, y bajo la presión de su inmediata aprobación para su aplicación a partir del 2007, se silenció a la oposición, y con mano de yeso fue aprobado con sólo los votos frenteamplistas. La discusión democrática que debe librarse en el ámbito parlamentario fue sustituida por los acuerdos de bancada y la filigrana de la Mesa Política del Frente Amplio. No sólo, entonces, aprobaron una ley que conspira contra los intereses de los uruguayos, sino que lo hicieron quebrando nuestras mejores tradiciones democráticas, amordazando a la oposición y no escuchando a los grupos de la sociedad que se expresan en forma contraria a su aprobación.

Con este proyecto convertido en ley, pagará más quien menos tiene, quien vive de su sueldo o pasividad y pagará menos quien más tiene.

Paradoja: el gobierno frentista, que siempre prometió un “país productivo” y que pagara más quien más tiene, nos regala esta ley que provocará exactamente lo inverso: desalentará la inversión y el empleo, favorecerá la evasión y castigará a todos pero, especialmente, a los que menos tienen. A los solos efectos de que el lector pueda tener una idea panorámica de lo que le sucederá a partir de julio/2007, le recordamos:

Es un verdadero ajuste fiscal, que hará que el gobierno recaude más de U$S 100:000.000 de lo que serían sus ingresos sin este nuevo impuesto;
Es un verdadero impuesto al trabajo, que lo desalienta, porque es progresivo y además los tramos de la progresividad son muy próximos;
A ello se le suma: las tasas muy altas en cada tramo, la no consideración del núcleo familiar como sujeto pasivo, debiendo cada integrante tributar en forma individual; la no posibilidad de deducir gastos lógicos de toda persona como vivienda, alimentación, educación, transporte, vestimenta, etc.; sólo se permite deducir un ficto de salud de $ 80 (sí $ 80 y no $ 800 como dicen los voceros del gobierno) por hijo menor o incapaz;
La prueba de que es un verdadero impuesto al trabajo es que de sueldos y pasividades se recaudarán U$S 360 millones, siendo que hoy por el I.R.P. vigente se recaudan U$S 150 millones;
Se perjudica a quien menos tiene porque se gravarán los alquileres con un 12% y, obviamente lo deberá soportar el inquilino en el precio del arriendo, y a nadie escapa que quien alquila no es el más rico, sino el que no ha podido comprar una vivienda;
Se perjudica quien menos tiene porque ahora todos los bienes y servicios, incluyendo los de la canasta básica, hasta hoy exonerados, estarán gravados con I.V.A. al 10% y, quienes compran mayoritariamente productos básicos son las familias de menores ingresos, las que ahora comprarán 10% menos de productos;
Se grava con I.V.A. al 10 % el consumo de agua de O.S.E., esa misma que en el último plebiscito nos dijeron que era un derecho humano; los préstamos sociales y los intereses de los créditos al consumo;
Se gravan todos los ingresos de las personas, incluso los que hoy están exonerados (p.ej. ticket transporte y alimentación, salario vacacional, etc.) y para ver si están o no gravados se deben sumar en el caso de más de un empleo, lo que hará que personas que reciben dos ingresos exonerados ambos por su monto del IRP, por la suma de los mismos pasen a estar gravados, p.ej. los policías, maestros, enfermeros, etc.; pero paralelamente se exoneran del impuesto a los ingresos provenientes de juegos de azar y carrera de caballos;
Grava con el 12% a los intereses de las colocaciones en bancos de plaza, en cambio si la colocación está en el exterior esos intereses están exonerados; ¡linda forma de fomentar el ahorro nacional!;
Gravará con I.V.A. a las construcciones, ya sean totales o simples reformas; pero además de ello, todo aumento de valor que registre el inmueble entre la fecha en que la persona lo compró y el momento en que lo vende, se considerara “renta” y por lo tanto esa diferencia estará gravada con impuesto a la renta;
Elimina las exoneraciones vigentes en materia de aportes patronales a la seguridad social vigentes desde el último gobierno colorado como forma de favorecer a los sectores exportadores y tomadores importantes de mano de obra; también la prensa del interior deberá pagarlos, aunque en forma escalonada, ¿será esto por eso de que hay prensa opositora y prensa que no lo es?;
Se grava con IMESI (23%) al vino y sidras nacionales y se eliminan los beneficios al sector forestal excepto para las “maderas de calidad”, y en ambos casos, todo queda a la discrecionalidad del MGAP, es decir de Mujica;
Si bien después de muchas críticas no se modifica sustancialmente el régimen del IVA a frutas y verduras, se elimina el crédito ficto que tenían, lo que hará que el sector deba aportar U$S 1:000.000 más al año;
Se mantuvo la reducción del Impuesto a las Rentas de las Empresas del 30% al 25% sólo para los casos en que las utilidades no se repartan, pero se fijó en el 32% para las que las repartan; esto equivale a que en los hechos se perjudica a los que menos tienen, porque quienes reparten las utilidades son las pequeñas empresas, porque en realidad estas utilidades son el “salario” del empresario;
Se mantiene vigente el impuesto al patrimonio y con sus actuales tasas, es decir que no se lo mantiene como un elemento que permita controlar en forma cruzada el nuevo tributo, sino como un elemento de recaudación; la subsistencia de ambos tributos es un caso nunca visto en el mundo entero y que implica una clara doble imposición real;
Se triplica el IMESI de los vehículos a gas oil (60% a 180%) y se duplica para el caso de utilitarios (35% a 70%), ¿dónde fue a parar el Uruguay productivo y su gas oil productivo?!;
Grava fuerte y despiadadamente al sector profesional, respecto del cual además, el P.E. podrá disponer que tribute como empresa y no como persona física, lo que implicará pagar una alícuota única de 25% y además pagar impuesto al patrimonio por todos los bienes, sin deducciones por casa-habitación, mínimo no imponible, etc.;
Desalienta a los consumidores que pueden descontar IVA a que hagan sus compras en los pequeños comercios en beneficio de los grandes, debido a que el IVA incluido en el precio de los bienes y servicios vendidos por los chicos no puede ser descontado, en cambio sí lo puede el incorporado en los vendidos por los grandes comerciantes;
Este nuevo impuestazo, sumado a los Consejos de Salarios y actividad sindical fuera del control legal y racional del M.T.S.S., hará que los costos de producción aumenten, en clara desventaja de la industria nacional frente a los productos importados;
Otorga al Poder Ejecutivo facultades discrecionales y por lo tanto inconstitucionales, para modificar los tributos a su conveniencia y necesidades de caja, lo que viola el principio de legalidad y además echa por tierra la seguridad jurídica que siempre caracterizó a nuestro país, conspirando fuertemente contra el “clima inversor” necesario para el desarrollo del país;
En idéntico sentido, se facilita el levantamiento del secreto bancario frente a casos de “denuncia de defraudación”, sin exigir requisitos formales, de prueba y vista previa en todos los casos al contribuyente;
También en la misma línea de violentar los derechos humanos y garantías individuales, se obliga a las empresas y a los registros públicos (de propiedad, de identificación, etc.) a brindar la información que la D.G.I. y el B.P.S. solicite, no sólo sin el consentimiento administrativo, sino sin siquiera su conocimiento. Y no crea el lector que ponemos punto final a este catálogo porque se terminó la “materia prima” que nos da la ley del impuestazo progresista. Lo hacemos para no abrumarlo en la temporada estival, porque ya bastante tendrá que sufrir su bolsillo a partir de su vigencia.